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Rebelión, universidad y empresa.



Publicado por: Hugo Aboites en

enero 8, 2019 135 Visitas



 

Por: Hugo Aboites.

 

Hace 25 años un ejército popular se levantó en armas contra un futuro de privatización de sus tierras, alzó la bandera de la autonomía, creó juntas de gobierno comunitario y todo un sistema educativo propio. Su rebelión convocó a crear una resistencia nacional de los pueblos y desde las instituciones contra lo que venía. Las universidades, sin embargo, permanecieron indiferentes y hasta asumieron como suya la tarea de impulsar la visión empresarial de la globalización. En lugar de redes de investigación interactuando con las necesidades de conocimiento de comunidades del país y de otros procesos sociales, miraron hacia las grandes empresas.

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En nombre del desarrollo de la ciencia y la innovación, en los hechos se planteó que la interacción universidad-sociedad y la contribución a la solución de los problemas nacionales(leyes orgánicas) debía darse mediante el mejoramiento de la economía y por tanto, de las empresas. Y así, hemos pasado de algún proyecto que en los 90 ligaba a la universidad mexicana con la industria estadounidense encargada de desarrollar tecnología militar, a lo que hoy es una tupida red de compromisos. Así, un sólo campus de una universidad pública tiene acuerdos con entidades gubernamentales (Conacyt), pero sobre todo con empresas: Loyd´s London, Energéticos para Alimentos Balanceados, Empresas Frisco, Compañía Minera Escondido, Distribuidora de Gas Natural del Edomex., Centro Mexicano de Desarrollo e Investigación Farmacéutica, Celanese Mexicana, Mitsuba Trading Co., Dinámica de Desarrollo Agroindustrial del Trópico, Condumex, Grupo Cydsa, Resistol, Sintex, Raychem Corporation, Tetraetilo de México, International Business Machines (IBM) y otras, además de la International Foundation for Science, Japanese International Cooperation Agency, Ford Foundation.

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La explicación fundamental que dan los universitarios de este auge en la comercialización de servicios universitarios es el dinero. Las empresas están dispuestas a aparecer como benefactoras de la institución educativa, porque les da acceso a grupos universitarios de alta especialidad –docentes y estudiantes de posgrado–; una ventaja importante sobre sus competidores: resolución de problemas, generación de nuevos productos y servicios en un mercado muy exigente para así –dicen expresamente– obtener una mayor riqueza. Y están dispuestos a invertir importantes sumas. Entre el dinero público y de empresas por concepto de convenios, la universidad pública recibía (además del subsidio regular) un estimado de 3.5 mil millones de pesos cada año la mayor parte para insumos de investigación, no muy visibles, por cierto, en el presupuesto institucional.

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Además, los universitarios involucrados en la dirección de tesis de posgrado cuyo contenido interese a las empresas reciben de ellas un pago especial adicional a sus salarios y estímulos académicos institucionales. Hasta existe ya la figura de programa de posgrado exclusivo para una empresa que se desarrolla en las propias instalaciones de la compañía. De esta manera el quehacer académico puede reorientarse a otros destinatarios. Y a un costo muy bajo porque el gasto fuerte en investigación –los salarios del académico– proviene de recursos públicos. Cada investigador cuesta a los contribuyentes alrededor de un millón de pesos al año (salario, beca del SNI, prestaciones, estímulos, pagos al IMSS o Issste), y con sólo un grupo de ellos que se dedique a los temas de una empresa, ésta recibe un subsidio implícito de varios millones de pesos en dinero público. Esta situación se ha justificado tradicionalmente con un discurso que considera perfectamente válido que la relación universidad-sociedad esté mediada por el beneficio a una empresa. El desarrollo del conocimiento tiende así a depender de la visión y necesidades de un muy pequeño sector de la sociedad y la economía del país.

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La sociedad tiene hoy demandas y necesidades de conocimiento que hasta hace poco eran desconocidas. Nuestros químicos, geólogos, físicos, ingenieros, arquitectos y urbanistas universitarios están encargados de pensar por el bien de la sociedad, ese debe ser su interés fundamental. Tienen que explicar y ofrecer alternativas respecto de la minería, el campo, el avasallamiento de selvas y bosques, el narcotráfico, la violencia.

 

Asimismo, tiene que decirnos qué hacer con la alimentación que tenemos, con el transporte, el deterioro ecológico, nuestra salud en manos de corporaciones, las trampas de la genética. Alcanzar y difundir un conocimiento que fortalezca la participación amplia e ilustrada de los mexicanos en el futuro de la nación, esa es la deuda que hoy tiene con la sociedad la universidad pública ayer colonizada por la lógica de la ganancia. La reflexión sobre la transformación de la universidad ya no puede dejar tocar este punto: la recuperación de la autonomía respecto de empresas y gobiernos para así pensar el futuro de manera independiente y comunitaria.

 

*UAM Xochimilco

Nota publicada en La Jornada (5/01/2019).

https://www.jornada.com.mx/2019/01/05/opinion/013a2pol#

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