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Política de oposición a los docentes



Publicado por: Alberto Sebastián Barragán en

junio 2, 2017 340 Visitas



Por: Alberto Sebastián Barragán.

 

A cuatro años de haberse implementado la reforma educativa, se han levantado las voces para reclamar inconformidad, al grado tal de transformar el impulso inicial de evaluar a los docentes. En efecto, el papel de los profesores es de gran trascendencia, tanto para la vida de los alumnos, como para la vida de las escuelas. Sin embargo, el remedio ha salido más caro que el problema. En este juego de fuerzas, ha emergido una serie de acontecimientos que contradice todo discurso educativo. A continuación haremos un listado breve para ubicar en qué lugar nos encontramos.

 

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El reemplazo deteriorado. Como es natural en cada año, muchos profesores llegan al periodo de servicio necesario para emprender su retirada. Con 30 años de antigüedad o más, muchos docentes se mantenían en la disyuntiva de seguir trabajando en las aulas, o consolidar su jubilación. La Ley del Servicio Profesional Docente, aceleró este proceso, ante las primeras aplicaciones de una evaluación ríspida, obligada y acordonada por elementos de seguridad. El efecto ha sido nocivo en las finanzas públicas, ya que también se amplió la demanda por el pago de pensión alimenticia. Además de acelerar la jubilación, la nueva política educativa, ha debilitado la preferencia por estudiar una carrera docente dentro de las escuelas normales. De modo que el reemplazo intergeneracional docente queda supeditado al ritmo convencional de la matrícula en instituciones de educación superior.

 

La preparación negada. Las escuelas normales fueron tomadas en cuenta sólo para legitimar la reforma “educativa”. Los foros de consulta, fueron una pantalla que sirvió para presumir la participación de miles de maestros con propuestas para mejorar la formación docente. Dichos trabajos, acumulados en relatorías por regiones, no se tomaron en cuenta y, peor aún, sirvieron para ventilar los problemas de estas instituciones formadoras de docentes, sin atender las necesidades reclamadas. Ahí se dibujó el primer atisbo de una política docente incompleta y desvinculada.

 

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Meritocracia demeritada. La evaluación docente, presume estar fundamentada en una lógica meritocrática, pero se distancia mucho de ella. Estos términos de competencias laborales, capacitación o entrenamiento, vienen del mercado laboral, en donde existen mecanismos de correspondencia. En la industria, la cadena de suministro eslabona todos los pasos de un proceso que inicia desde el emprendimiento de la idea hasta la prestación de un servicio, o la llegada de un producto al cliente final. Esta lógica implica la participación y capacitación de recursos humanos en diferentes áreas. Antes de amenazar con el despido, la industria invierte en la capacitación de sus cuadros. Y de la calidad del “entrenamiento” que ofrece, dependen sus productos o servicios. En el sector educativo, las escuelas normales tendrían que ser fortalecidas para generar cuadros docentes de nueva generación. Sin embargo, se percibe que la política de formación docente carece de esta noción de competencia laboral, aunque se disfrace de Servicio profesional docente.

 

La actualización olvidada. Una vez que se postergó y perjudicó la formación inicial docente, se transfiere la responsabilidad hacia la formación continua. La política docente intentó emular la estrategia de peer coaching en educación, que pretendía seguir esta noción de aprendizaje entre pares, o acompañamiento de profesores noveles, o de actualización dentro de una escuela. Más o menos tenían claro el qué, pero se les olvidó diseñar el cómo. Entonces, muchos profesores prelados debieron tener asesoría de integración a las escuelas asignadas, realizada por un profesor de más de cinco años de antigüedad, al que no se le otorgó ni un programa a seguir, y se le prometieron recursos que jamás llegaron. Y por si fuera poca la deuda, este intento de autonomía de gestión, envuelto en guías mensuales de Consejo Técnico, no ha rendido los frutos posibles, salvo en algunas escuelas que ya venían marcando una trayectoria de calidad educativa antes de la reforma.

 

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La oposición al examen. La principal bandera del “nuevo” nuevo modelo educativo es aprender a aprender. No hay que memorizar, más bien hay que tratar de entender. Sin embargo, el examen de ingreso al servicio profesional docente, es una prueba estandarizada que no permite observar el desempeño académico del aspirante. Si se realizara una valoración del desempeño de habilidades docentes, de inicio, los egresados normalistas tendrían los mejores resultados, porque para eso están preparados. Sin embargo, el examen de ingreso pone en los primeros lugares de la lista de prelación, a los que saben contestar exámenes de opción múltiple, y no necesariamente a los que serán mejores profesores. Porque además, estos profesores noveles, tendrían la oportunidad de participar en los procesos de tutoría, pero que, como han señalado los estudios del INEE, tienen una efectividad del 50%.

 

Esta política educativa está degenerando a la profesión docente. Más que mejorar los procesos educativos, se está empeñando el interés superior de la niñez. Más que ayudar, la política se ha opuesto al desarrollo de los docentes. Con esta tendencia, cada día se complica más la situación. Se agota el tiempo y los recursos para resolver los defectos y los procesos inviables. Cada vez es más incierto el escenario educativo. A pesar de estar en los últimos lugares de pruebas internacionales, todavía podemos estar peor.

 

Publicado originalmente en: La Jornada 02/06/2017. http://www.jornada.unam.mx/2017/06/02/opinion/018a1pol

 

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