A cuatro años del anunciamiento e implantación de la reforma educativa, la labor docente dio un giro, de acuerdo a la dinámica de contratación y promoción que históricamente se realizaba; hace algunos años en el gremio magisterial, no se discutía sobre la posibilidad de evaluar a un docente para para obtener una plaza o cuestionar la permanencia en el sistema educativo; el conseguir una plaza se formalizaba por diferentes instancias, y por lo tanto se consideraba un logro laboral con beneficios vitalicios; ante la coyuntura que se generó con la reforma educativa, la contratación, promoción, permanencia y reconocimiento, en el servicio docente se modificó; la forma ortodoxa de conseguir una plaza, se convirtió en ruta caótica llena de aventuras adversas y futuros prometedores.

A partir de ese momento, la contratación magisterial se definió por lo establecido en la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), cuya intención es mejorar el desempeño de los docentes a partir de una evaluación estandarizada, dando pauta al sentido de idoneidad que determina la misma política educativa.

El panorama de la evaluación desde su implantación hasta el momento, no es alentador, se prioriza el nivel de aplicación y aprobación de un examen ante las características y necesidades de cada una de las escuelas; en este sentido pareciera que importa más el número de evaluados, que el propósito de profesionalizar; con la evaluación se considera relevante el grado de habilitación a partir de un resultado, y no el de la dimensión pedagógica o realidad educativa; la idea de evaluar al mayor número de docentes, se convirtió en un tema político, y que a lo largo de los años se continua discutiendo, asumiendo que lo que le da sentido a una parte de la reforma es valorar la práctica docente; sin embargo es sabido que evaluar, no valida el grado de idoneidad.

La evaluación se ha convertido en un proceso irrelevante, ha dejado de ser una condición perturbadora de la docencia, ya que, en un primer momento se consideró como un ordenamiento para todos los docentes involucrados, y con el paso del tiempo se ha matizado, hasta considerarse un acto voluntario, o facultativo de cada docente; bajo esta condición el proceso de evaluación tiende a remontarnos a algunas ideas ya anunciadas “es incorrecto pensar que los maestros mejoran a través de sistemas de evaluación”

Si aspiramos a que la evaluación realmente tenga un impacto en la mejora del trabajo educativo, tenemos que reflexionar sobre las necesidades de la escuela y repensar la importancia de la docencia como una unidad de evaluación, considerando aspectos propios de la dinámica institucional, así como las acciones de cada docente en su práctica diaria; una evaluación como la que se ha realizado, nos permite solo conocer el porcentaje a partir de indicadores definidos para valorar,  lo que se supone de saber el docente, sin embargo la realidad educativa continua ajena a la instrumentación de un examen.

Lo relevante hasta el momento de (LGSPD), es que a cuatro años de su implantación, ha eliminado el escalafón laboral, el nombramiento definitivo, no ha visualizado la práctica docente, y como consecuencia se considera que profesionalizar la docencia se construye a partir de una evaluación estandarizada.

publicado en la página del autor: http://www.jesusandriano.com/

¿Te gustó este artículo? Compártelo

Comentarios

comments