Después de tres años la reforma educativa se encuentra detenida, descubriendo la complejidad de su evolución, contemplando la viabilidad sobre la forma en la que fue impuesta o definiendo estrategias para darle sentido a lo que se ha determinado un marco de ley, argumentando que mediante la aplicación de un instrumento estandarizado y con la aprobación o reprobación de los docentes se genera una educación de calidad.

Sin embargo, entre la espera y la posible solución a los problemas de aplicabilidad de una “reforma educativa” la realidad en las escuelas a unos días de terminar el ciclo escolar evidencia que las actividades académicas se encuentran reducidas al cumplimiento del tiempo en el espacio escolar, bajo la disyuntiva de saber que difícilmente hay reprobados en el nivel básico considerando los antecedentes que planteaba el acuerdo 648  y que dio pauta para su derogación con el acuerdo 696 emitido por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica, y que señalan el quehacer docente con respecto a una evaluación permanente y continua dando pauta al seguimiento sistemático a partir de la observación y el registro de ciertas acciones de orden cualitativo y cuantitativo, (indicadores que deberían ser utilizados para la evaluación docente) bajo la intención de identificar los logros y dificultades de los alumnos, sobre lo planeado y aprendido de acuerdo con las condiciones y características específicas del contexto, y sobre con el propósito de evitar el rezago y la deserción escolar.

Preocupados por el cumplimiento la temporalidad un programa de estudio, y con la intención de optimizar el proceso administrativo para generar los documentos que acrediten el grado académico, se solicita a los docentes entregar de manera anticipada las evidencias de evaluación, con la finalidad de evitar una demora en el registro de calificaciones y con ello validar el cumplimento del calendario escolar; ante esta circunstancia surge el planteamiento, por saber, si el proceso administrativo plantea una educación de calidad sinónimo de eficiencia y eficacia; en el entendido de que la eficiencia se refiere a hacer las cosas bien, es decir, obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos y la eficacia en hacer las cosas de la manera correcta para alcanzar el resultado deseado.

En este sentido, la eficiencia se centra en el proceso que se sigue para lograr algo, tomando en cuenta los “medios”; mientras que la eficacia se centra en el logro o alcance final, es decir, en los “fines”.

Será ¿qué solo evaluando a los docentes se genera una educación de calidad?

Artículo publicado originalmente en el blog del autor:  http://www.jesusandriano.com/

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