Por: Hugo Aboites.

Cuando con fastidio, se pregunta “¿y ahora por qué protestan los maestros si ya se les concedió lo que pedían (el fin de la reforma, liberación de presos políticos)?”, se olvida que la problemática del magisterio no nace ni termina con una reforma. Cierto: ya no se les despedirá masivamente, ni encarcelará, ni se les disparará si marchan, pero el de los salarios y la falta de democracia son temas históricos y de fondo que no se han querido resolver, ni a nivel superior ni en el resto del sistema.

En los años 40, los salarios del magisterio ya se habían reducido en términos reales a la mitad de lo que eran en 1925. Sólo volverían al nivel original casi 40 años después, y momentáneamente, pues al comienzo de los 80 de nuevo caen en picada. El FMI y también el Banco Mundial se opusieron a cualquier aumento recuperador y la “solución” neoliberal en los años 90 consistió en dar aumentos muy altos, pero de forma selectiva y relativamente a pocos (con la denominada Carrera Magisterial, Becas y Estímulos para académicos), pero dejar a la mayoría restante con sueldos deprimidos y hacer uso creciente del trabajo precario de profesores interinos en el magisterio y temporales y de asignatura en la educación superior.

Este esquema de extrema diferenciación salarial no sólo redujo costos al gobierno, también permitió una cuestionable distribución de recursos en el interior de instituciones de educación superior. Un académico con el máximo nivel de Becas y Estímulos puede llegar a ganar cerca de 70 mil pesos mensuales (sin incluir la beca del Sistema Nacional de Investigadores y asesorías), mientras que, en el extremo opuesto, un académico temporal gana 18 mil. Y en el magisterio las diferencias –aunque en una escala muy distinta– son semejantes y muchos profesores apenas sobreviven junto con su familia.

Llama la atención a algunos el que los maestros cuentan con “hasta 25 programas de apoyo” como descubría el gobernador de Michoacán, pero son parches que los profesores son obligados a aceptar porque se les niegan los aumentos robustos que necesitan. Y también los académicos tenemos una historia similar: en el talón de pago es fácil identificar casi 10 de este tipo de apoyos complementarios: “despensa”, “reconocimiento al trabajo”, “beca”, “ayuda integral a la familia”. Los brujos neoliberales experimentaron, además, con una descentralización que, paradójicamente, reforzó la centralización de los cacicazgos de gobiernos locales, generó procesos más autoritarios, corrupción, desvíos de fondos, caos administrativo y obligó a la doble negociación (local y federal).

Una nueva reforma educativa debe partir o por lo menos incluir seriamente el fondo de todas estas tensiones y avanzar a una regularización y ajuste del salario en todos los niveles, abrir la participación, redefinir la descentralización y reparar el caos administrativo. El secretario Nuño confesó alguna vez que la SEP ni siquiera sabía cuántos maestros tenía a su servicio (y decidió preguntarles a ellos, mediante un censo). Si no se resuelven estos problemas y se apuesta sólo a un modelo educativo de “excelencia”, como ya menciona la SEP, se abren brechas conflictivas. Un pequeño botón: Hechos, de TV Azteca del 28/01/2019 entrevista a padres de familia en Michoacán que se preocupan por sus hijos por el paro de los maestros y a continuación, presenta un reportaje del mundo feliz de los pocos niños y niñas que logran ingresar a las “escuelas de excelencia” de Fundación Azteca. ¿Es ese el futuro, una reforma de excelencia, pero indiferente y remisa ante las problemáticas estructurales? Pues entonces vuelta a los conflictos localizados.

Otra problemática de décadas es la intervención de organismos internacionales empeñados y con la capacidad –gracias a la aquiescencia de administraciones pasadas- de dictar la política educativa en México. Hace semanas presenciamos la insistencia pública de José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que prioritariamente se incluyera la visión empresarial en la Ley de Educación Superior. Luego, de fuente confiable, se informa que existió otra reunión similar, no pública, en octubre 2018. Ante la tendencia a abrogar la Reforma 2012, la OCDE vino a defender al INEE e insistió en que por lo menos se mantuviera un organismo autónomo encargado de evaluaciones. De acuerdo con la fuente, Gurría quería que se publicara que la OCDE contribuía así a la modificación de la constitución, pero una funcionaria suya lo convenció de que sería contraproducente.

El país necesita urgentemente una profunda y verdadera reforma educativa, pero que integre la resolución de lo complejo: salario y participación democrática. Y hoy existen las condiciones para que la SEP lo haga si quiere lograr que, en la educación, la energía de la transformación no se disipe en constantes y numerosos conflictos.

* Profesor investigador UAM-X.

Artículo publicado en La Jornada (02/02/2019).

https://www.jornada.com.mx/2019/02/02/opinion/016a1pol#

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