En la recomendación 41/2014 la CNDH señalaba que las violaciones a los derechos a la educación, la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez (eran) atribuibles al gobernador de Oaxaca por no haber adoptado las medidas oportunas e idóneas para garantizar que los niños tuvieran acceso a los servicios educativos durante el paro magisterial de la sección 22 de la CNTE (citada en la recomendación 7VG/2017: Págs. 26-27). Es decir, era responsable de no haber enfrentado al magisterio. Después, en Nochixtlán, Oaxaca (2016), según refirió la misma CNDH, las policías federal y estatal sí enfrentaron a maestros y pobladores y, durante más de tres horas, dispararon a discreción en las calles sin que hubiera, dijo la Comisión (Ibidem: 532), organizaciones armadas del lado de la CNTE. Saldo: entre heridos y muertos, 45 ( Ibidem: 274). Pero a nadie se atribuyó responsabilidad. Y cuando se mencionó al gobernador, CNS, PGR, Fiscalía y otros, fue para recomendarles que apoyaran a las víctimas, establecieran mayor control e investigaran si había culpables. Nada más.

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Hoy se dice que la nueva CNDH no será independiente del gobierno, pero lo arriba expuesto muestra que al menos en el terreno de la educación, la anterior comisión mantuvo una lealtad básica a los gobiernos del pasado y sus excesos, por bárbaros que fueran. Con eso apoyó la reforma educativa, la denostación a los maestros, la aplicación masiva de evaluaciones estandarizadas de alto impacto (despido, descalificación, deshonra y, entre estudiantes, rechazo y discriminación contra las mujeres, los pobres) y siguió fielmente al gobierno hasta Nochixtlán. Y viene de lejos: desde 1996 se generaron quejas contra la evaluación estandarizada que convertía el derecho a la educación en el derecho a presentar un examen, como si hoy se dijera que el derecho a la salud se cumple con el derecho a un diagnóstico. De hecho, dos jóvenes mujeres y un hombre optaron por el suicidio, y a las diversas quejas durante años la comisión respondió reiteradamente que no existían violaciones a derechos humanos, sin considerar toda la información presentada, dando preferencia a las meras afirmaciones del Ceneval-SEP y sin ofrecer datos que sustentaran su negativa. Todo con tal de proteger de los reclamos de movimientos sociales a la joya del neoliberalismo en la educación: las estructuras nacionales de evaluación de aspirantes, estudiantes, maestros, escuelas y universidades como el camino a la excelencia.

Por ejemplo, a la queja y datos (del Ceneval) que muestran que ese examen discrimina a las mujeres, la CNDH responde con datos de la SEP que ocultan la magnitud del rechazo que sufren éstas cuando desean ingresar a las opciones más buscadas. (Ver Aboites, H. La medida de una nación: 595-597). Y da respuesta: no se actualizan violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la SEP (Of. 30383:7). En otro momento se ofrecen a la CNDH ejemplos de los errores que hay en los exámenes (como preguntas sin respuesta o con varias respuestas correctas) que evidentemente ponen en duda la validez de la evaluación. E incluso un funcionario del Ceneval, involuntariamente, confirma en un artículo la existencia de exámenes con errores. Respuesta CNDH: no habiendo actos de autoridad de las autoridades convocantes (al examen único), tampoco hay actos violatorios de los derechos humanos (Of. V2/4709: 11).

¿No es un acto de autoridad emitir una convocatoria, registrar aspirantes, establecer cobros, aplicar un examen, decidir a partir de los resultados a quiénes debe aceptar la UNAM, el IPN, el Conalep, o incluso decidir que alguien no puede continuar en el sistema educativo? ¿Y todo esto con la participación directa de funcionarios de diversas escuelas e instituciones nombrados por la SEP? La CNDH dejó así a cientos de miles de familias en total indefensión frente a decisiones injustas de autoridades. Pero afectó a la propia CNDH porque pervirtió su imagen de defensora, confirmó la percepción de que su lealtad está con las políticas del gobierno y no con las víctimas. Y que dependiendo de la política gubernamental esa sería su postura. En un momento atribuye a funcionarios concretos las violaciones al derecho a la educación (2014, Oaxaca); en otro, opta por no señalar a responsable alguno de una matanza por parte de fuerzas armadas del gobierno (Nochixtlán) y, más tarde, con el examen único, declarar que es imposible siquiera que haya violaciones y responsables.

Con todo esto, la CNDH hizo su contribución al vacío de Estado en un país con cientos de miles de mujeres en riesgo y otros más cientos de miles de jóvenes que todavía se enfrentan a una gran incertidumbre en seguridad, bienestar, educación y condición laboral. Ahora, a la comisión le toca construir espacios amplios de protección y certidumbre.

* Profesor-investigador UAM Xochimilco