Por: Laura Poy Solano.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertó en su informe anual de seguimiento mundial sobre este rubro que es posible generar «efectos negativos graves» cuando se usan los resultados de los alumnos para responsabilizar a maestros y escuelas de los problemas de fondo que se enfrentan.

Advierte que los gobiernos son responsables de garantizar las condiciones adecuadas para el aprendizaje, entre ellas, la rendición de cuentas, pues la corrupción en el sector educativo es más elevada que en el campo de la construcción. En el periodo de 2009 a 2014, informó, 38 por ciento de todas las licitaciones en educación de los países asociados sólo tuvieron un licitador, cifra que cae a 16 por ciento en la construcción.

El reporte, que cada año analiza el avance en el cumplimiento de metas como garantizar educación con inclusión, equidad y calidad, destaca que concretar metas ambiciosas en el sector depende de múltiples agentes que deben cumplir responsabilidades compartidas, por lo que «no se deben exigir cuentas a alguien por resultados que están fuera de su control».

En el informe Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos, que forma parte del Global Education Monitoring Report (GEM), destaca que es necesario «reconocer que ningún método de rendición de cuentas puede ser satisfactorio si los interesados carecen de un entorno propicio o están mal preparados para cumplir con sus responsabilidades».

Agrega que las políticas destinadas a mejorar las prácticas existentes que se centran «no en formular reproches sino críticas constructivas, tienen más probabilidades de instaurar sistemas educativos equitativos, inclusivos y de alta calidad».

A pesar del papel trascendental que tienen los procesos de transparencia para incidir en la mejora de los sistemas educativos y la aplicación de las políticas públicas, la Unesco alerta que sólo 6 por ciento de las naciones publican cada año informes de seguimiento, mientras menos de 20 por ciento de países garantiza a su población un mínimo de 12 años de escolaridad.

También señala que en 45 por ciento de las naciones, los ciudadanos no pueden llevar a juicio a sus gobiernos por violar el derecho a la educación, y sólo en 41 por ciento de los Estados se ha aplicado esta medida.

A ello se suma que la vinculación entre diferentes actores educativos también es necesaria para reforzar las metas que se desean alcanzar, y los procesos de rendición de cuentas, pero en acciones como la elaboración de material didáctico para alumnos y escuelas, 60 por ciento de los sindicatos magisteriales no es consultado, y en la mitad de los países no existen reglamentos para regular el número de alumnos por clase.

Consulta aquí el Informe de la UNESCO. (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf)

Artículo publicado en La Jornada (4/02/2018)

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/04/sociedad/030n1soc

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