Por: Alberto Sebastián Barragán

 

El programa sectorial de educación 2013-2018, en su Meta 1, persigue un México con educación de calidad. En el primer objetivo de esa meta, con su primer estrategia prescribe: Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnicopedagógico (sic).

 

 

En el penúltimo año de la aplicación de este Programa Sectorial, el balance no es favorable. En primer lugar, porque la formación docente, se ha postergado inexplicablemente. Recordemos que la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo transitorio, vigésimo segundo, establece que la SEP “formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas”. A pesar de que el INEE publicó desde el 2015 las Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, esta procrastinación del programa sectorial se presentará en los próximos  meses de julio y agosto.

 

Otra limitante para el logro de la primera estrategia, es el número de profesores evaluados en servicio. Según la presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, si se mantiene el ritmo de 150 mil docentes evaluados por año, el proceso terminaría hasta el 2027.  Aunado a esto, según el Informe 2017, de la educación obligatoria, prácticamente la mitad de los profesores de nuevo ingreso tuvo al menos una sesión de tutoría. El Servicio Profesional Docente tiene serias debilidades.

 

En el documento Ruta para la implementación del modelo educativo, se reconoce que “es necesario que el modelo se conozca y se comprenda por parte de todos los actores involucrados”, justamente porque es la comunidad educativa quien aplica cualquier propuesta curricular. Sin embargo, las autoridades educativas, doblan todavía las apuestas. Es decir, plantean mayores beneficios en menor tiempo.

 

Para implementar el Nuevo Modelo Educativo, la ruta crítica establece cinco grandes fases: Presentación de la propuesta curricular; Diseño de materiales de capacitación y acompañamiento; Elaboración de materiales educativos, digitales e impresos; Formación y desarrollo docente; y Evaluación del modelo educativo.

 

Según el cronograma, la cuarta fase  correspondiente a la formación continua, se realizará de agosto de 2017 al mes de agosto de 2018. En 333 días, se plantea la revisión y análisis de las ideas centrales de los Planes y Programas de Estudio entre los profesores de educación básica de escuelas públicas.

 

Esta fase también prescribe la elaboración conjunta de los “lineamientos para la formación de docentes” del 3 de abril al 30 de junio de este año; y el desarrollo de la “Formación inicial y de formación continua”, del 3 al 31 de julio del año en curso.

 

Esta reforma incluye a los normalistas de manera intermitente. Para legitimar los foros de consulta, se abrieron mesas para la educación normal; pero para aplicar la Ley del Servicio Profesional Docente, casi todos los licenciados pueden concursar por una plaza docente, aunque no sean normalistas.

 

Para aplicar el nuevo modelo, con una nueva pedagogía, lo más lógico sería pensar que se necesitan nuevos profesores. Sin embargo, el modelo se basa en supuestos que ponen en riesgo la calidad educativa, y pone en juego “el interés superior de la niñez”.

 

Por ejemplo, se apuesta por la autonomía curricular, pero no se ha fortalecido la autonomía de gestión. En muchas escuelas los Consejos Técnicos Escolares han generado saldos positivos, pero en muchas otras, los CTE se han convertido en otro lastre para el trabajo de las escuelas. Las acciones de seguimiento de la educación básica, se emularán para el nivel medio superior,  como la normalidad mínima escolar, o las estrategias de trabajo colegiado con materiales y guías “eficientes y funcionales” al interior de los planteles.

 

Si no se ha consolidado la propuesta de autonomía de gestión, a través de modelos horizontales, con estrategias globales y rutas de mejora, difícilmente se consolidará la autonomía curricular que plantea el nuevo modelo educativo.

 

En el apartado de Formación continua, la Ruta de implementación expone que: “del Servicio Profesional Docente se brindan las herramientas para que los maestros cuenten con recursos pedagógicos innovadores” para realizar su trabajo orientado al aprendizaje de los estudiantes. Esta afirmación resulta fácilmente cuestionable, por los miles de maestros que han participado en uno u  otro proceso de evaluación docente.

 

Para formación inicial, se plantean “nuevos objetivos”, que son muy similares a los del Plan de estudios 2012, vigente en el sistema de normales. Pero resalta uno: “generar sinergia con universidades públicas y otras instituciones” que coadyuven en la formación inicial y continua de docentes. Sin embargo, el régimen jurídico de las escuelas normales las deja en desventaja, en comparación con las universidades autónomas. Este carácter se tiene que adecuar a las necesidades que dicta la nueva realidad educativa. Pero hay poca voluntad política, y muy poco tiempo para que culmine el Programa Sectorial de Educación.

 

Artículo publicado en La Jornada (27/04/017)

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/27/opinion/018a2pol

 

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