Por: Laura Poy Solano.

El dictamen aprobado en marzo pasado en la Cámara de Diputados para reformar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales no sólo “mantiene la desconfianza hacia el maestro, sino que pretende la creación de un organismo que le quita rectoría al propio Estado sobre el sistema educativo nacional”, alertó Ángel Díaz Barriga, profesor y especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al mencionar las inconsistencias que presenta la propuesta de reforma, destaca que “llevamos 20 años con evaluaciones como PISA, que ya nos deberían haber dejado claro que no es con evaluaciones individuales como vamos a lograr la mejora del sistema; necesitamos una evaluación que permita la construcción de diagnósticos colectivos en donde cada escuela pueda construir su propia ruta de mejora”.

En México, afirmó, persiste el error de “confundir evaluación con un examen, y en el dictamen que se pretende discutir en el pleno de la Cámara de Diputados en realidad no se abroga lo punitivo, porque si bien se elimina el efecto laboral de la evaluación a los docentes, no se establece un concepto de evaluación que pueda remplazar los exámenes”.

En entrevista con La Jornada, Díaz Barriga, experto en el sistema educativo nacional, propone no caer nuevamente en un sistema de “desconfianza hacia el profesional de la educación, que debe ser evaluado para determinar su capacitación con un modelo de evaluación individual”, cuando lo que se requiere, resaltó, es construir una “visión distinta de evaluación: la evaluación institucional social, en la cual el trabajo de evaluación consiste en una interpretación de resultados, en construir un diagnóstico. Sólo que en vez de realizarlo a nivel de personas (alumnos y/o docentes) lo tenemos que realizar a nivel de escuelas si lo que queremos es mejorar el sistema educativo”.

Otro de los desequilibrios que detectó en el dictamen es que se establece el fortalecimiento de las escuelas normales del país, pero se limita su participación en el diseño de sus propios planes y programas de estudio, los cuales “por un lado dicen que dependerá de lo que marque el Poder Ejecutivo, pero al nuevo súper organismo que se pretende que sustituya al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le dan competencias para incidir en esos temas”.

Agregó que también resulta “muy grave que se proponga abrir este centro a la participación directa de las organizaciones pro empresariales, porque si hoy agrupaciones como Mexicanos Primero o Suma por la Educación caminan al lado del INEE, en el nuevo organismo formarán parte de él”.

Díaz Barriga alertó que es necesario reconsiderar todas las inconsistencias del dictamen, porque México “ya no aguanta otro sexenio de movilizaciones magisteriales, y las escuelas tampoco, porque más allá de cualquier posición ideológica debemos reconocer que no hemos logrado alcanzar la meta que todos queremos, que es que la educación mejore, y para alcanzarla tenemos que construir no el dictamen que se logró transitar, sino el que requerimos para avanzar y mejorar nuestro sistema educativo”.

Nota publicada en La Jornada (14/04/2019).

https://www.jornada.com.mx/2019/04/14/politica/005n2pol

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