Por: Alberto Arnaut.

El gobierno estableció dos mesas de diálogo, una con la CNTE (en Gobernación) y otra con el SNTE (en la SEP), obligado por la reacción de la opinión pública nacional e internacional contra el crimen de Nochixtlán, Oaxaca, y por la expansión territorial de la inconformidad del magisterio.

Hasta ahora, el gobierno se ha negado a atender la demanda principal de la CNTE, que es la abrogación o la reforma de la reforma que no es educativa, sino política, administrativa y laboral.

La lucha del magisterio (por cierto, no solo de la CNTE) surgió principalmente por el rechazo a la evaluación punitiva del desempeño. Una evaluación del desempeño que ni siquiera evalúa el desempeño (según lo reconoce el propio INEE) pero que ya ha echado del servicio a decenas de miles de maestras y maestros, y está deteriorando la calidad educativa y el trabajo colaborativo de los docentes en las escuelas.

Hasta ahora el gobierno ha atendido parcialmente algunas demandas relacionadas, más que con el origen del conflicto, con las consecuencias del conflicto y, sobre todo, con las acciones represivas del propio gobierno en sus intentos de aplastar al movimiento magisterial. Por eso fueron liberados algunos maestros que habían sido detenidos de manera arbitraria e injusta, se regularizó el pago de sueldos que habían sido retenidos y se suspendió el cese de algunos maestros por haberse negado a la evaluación punitiva o por haberse ido al paro exigiendo el dialogo con el gobierno.

Aún están esperando respuesta otras demandas del magisterio relacionadas con las acciones represivas del gobierno, entre las que sobresalen la liberación de los maestros que aún están en la cárcel y el esclarecimiento del crimen de Nochixtlán.

Pero el gobierno no ha dado ninguna respuesta a la principal demanda del magisterio. Ni siquiera ha planteado una contrapropuesta a la demanda de abrogar o reformar la supuesta reforma educativa.

Hasta hoy ha prevalecido la postura intransigente del secretario de Educación Aurelio Nuño: diálogo sí, pero no sobre el marco jurídico de la reforma no educativa. Una postura inflexible a la que se ha sumado el INEE. A lo más que han llegado la SEP y el INEE es a ofrecer algunos ajustes en la aplicación de la evaluación punitiva del desempeño. Han ofrecido ésto, a pesar de que saben que ningún reajuste en su implementación superará los aspectos más aberrantes de una evaluación del desempeño que ni siquiera evalúa el desempeño de los docentes.

Sobre este tema el gobierno se mantiene inflexible. El marco jurídico no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Incluso, el gobierno parece dispuesto a violar la Ley para no verse obligado reformarla.

Hasta ahora el gobierno se ha limitado a reparar algunas injusticias cometidas por el propio gobierno. Pero aún no ha dado ninguna respuesta a la demanda principal del magisterio movilizado.

 En este punto el gobierno se mantiene inflexible, intransigente. El gobierno ha comenzado a atender algunas de las consecuencias, pero no las causas del conflicto.

Pero, según la avalancha que se ve venir en los medios impresos y electrónicos, la CNTE y el magisterio movilizado son los «inflexibles» e «intransigentes».

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