A lo largo de estos días hemos visto imágenes violentas y escuchado una retórica amenazante que nos muestran que el gobierno y la SEP no tienen la mínima disposición al diálogo con el magisterio. El secretario de Educación, Aurelio Nuño pretende tapar el sol con un dedo. Repite y repite que las escuelas están trabajando casi al 100%, mientras por todos los medios vemos las carreteras, calles y plazas repletas de maestras y maestros inconformes. Al mismo tiempo señala que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando no se aborden los temas que llevaron al magisterio al paro: una ley punitiva, el despido de miles de maestras y maestros, la detención injusta y el encarcelamiento indignante de maestras y maestros en reclusorios de alta seguridad, una evaluación que discrimina al magisterio que trabaja en las condiciones más adversas (en el mundo rural e indígena), una retórica terrorista que ya ha echado del servicio a decenas de miles de maestr@s de mayor antigüedad en el servicio que han adelantado su jubilación, a pesar de que aún tenían mucho que dar a la educación nacional, y una evaluación del desempeño que no evalúa el desempeño pero que está dejará en el desempleo a decenas de miles de maestros que la están rechazando u obtengan un resultado «insuficiente» según la SEP y el INEE. Ninguno de esos temas puede ser abordado por el secretario Nuño en un diálogo con el magisterio. 

Las imágenes hablan por sí solas.

Él dice que no puede dialogar con el magisterio sobre esos temas porque violaría la ley. Pero su coartada es poco creíble en el país donde los gobernantes violan la ley casi todos los días y permanecen impunes. Además, sabemos que hay otras razones de mayor peso para no abordar esos temas: se enojarían sus amos, los empresarios, los únicos que hasta ahora han manifestado algún respaldo a una ley que lastima la dignidad del magisterio. Los empresarios apoyan la aplicación de la ley cuestionada por el magisterio, entre otras razones, porque ellos mismos la hicieron, poniendo a su servicio al gobierno y a los partidos del Pacto por México: PRI, PAN y PRD.

Para desfogar el conflicto en el sector educativo bastaría con suspender las evaluaciones y los despidos de maestras y maestros, analizar, junto con los maestros, la manera cómo está operando en la práctica el marco jurídico de la reforma “educativa”. Con base en los resultados de ese análisis, enviar una iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para eliminar al menos los rasgos más punitivos y aberrantes de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por ejemplo, el carácter obligatorio de la evaluación del desempeño. No es mucho pedir. Recordemos que este tipo de evaluación no es obligatoria en ninguna universidad pública y tenemos excelentes universidades en nuestro país. Además, en ninguna universidad se sanciona con el despido a los docentes que no se sometan a ese tipo de evaluación, como sí se pretende con el magisterio de educación básica y media superior.

La evaluación del desempeño, tal y como está en la Ley, es el componente más aberrante del servicio profesional docente, el que más afecta los derechos laborales del magisterio, y el que más hiere y lastima la dignidad personal y profesional del magisterio. Es la llamada “evaluación con consecuencias” que tanto exigieron las ONGs educativas de los empresarios, para establecer un régimen de precariedad laboral y de control político-administrativo en el magisterio.

Tal vez ya llegó la hora de que el gobierno y, en particular, el secretario Nuño deje de actuar como un gendarme y juez de barandilla, y comience a asumirse como secretario de Educación Pública. Ya se agotó la retórica de la SEP y el INEE de justificar todo, hasta lo injustificable, en nombre del derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad. El derecho a una educación de calidad, que han esgrimido hasta el cansancio, por ejemplo, para aplicar retroactivamente la ley y para aterrorizar, despedir, golpear y encarcelar maestras y maestros.

Es una retórica que hasta l@s miembros de la Junta de Gobierno del INEE han usado para someter al magisterio a una evaluación del desempeño, que saben que no evalúa el desempeño y que, por sí misma, no mejora la calidad de la educación; y a pesar de que también saben que es una evaluación que, por el contrario, puede empeorar la calidad de la educación, en la medida en que el magisterio no podrá concentrarse cabalmente en sus labores docentes, debido a que tienen que ocuparse de salir bien librados de los exámenes de los que depende su permanencia o no en el empleo. Tal vez también ya llegó la hora de que el INEE recuerde que es un organismo constitucionalmente autónomo y ya no se límite a convalidar todo lo que le llega de las alturas.

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